La expansión de las grandes infraestructuras digitales promete inversiones millonarias, pero plantea interrogantes sobre el consumo de electricidad y agua, las infraestructuras públicas y sus posibles efectos sobre los hogares aragoneses.
Aragón se ha convertido en un territorio estratégico para la instalación de centros de datos de grandes empresas tecnológicas. La disponibilidad de suelo, las energías renovables y la conectividad han favorecido la llegada de proyectos de gran envergadura. Sin embargo, junto a las oportunidades económicas, surgen preguntas que afectan directamente a la ciudadanía: ¿qué son estas instalaciones?, ¿cuántos recursos necesitan?, ¿pueden repercutir en las facturas domésticas? Y, sobre todo, ¿qué beneficios obtiene la sociedad a cambio?
¿Qué son los centros de datos?
Los centros de datos son instalaciones que albergan servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de comunicaciones encargados de procesar y transmitir información. Son esenciales para actividades cotidianas como utilizar la banca digital, comprar por Internet, guardar archivos en la nube, ver contenidos en plataformas digitales o utilizar herramientas de inteligencia artificial.
Aunque hablamos de la nube como un espacio virtual, detrás existen edificios que necesitan electricidad de forma continua, sistemas de refrigeración, agua en función de la tecnología utilizada y conexiones a redes de gran capacidad.
Su expansión responde a una necesidad real de digitalización, pero también exige evaluar sus consecuencias económicas, ambientales y sociales.
Aragón, destino de grandes inversiones tecnológicas
La comunidad autónoma aspira a captar decenas de miles de millones de euros en inversiones relacionadas con centros de datos. Entre los principales proyectos se encuentran los de Amazon Web Services (AWS) y Microsoft, con iniciativas en distintos municipios aragoneses.
Según Reuters, en octubre de 2026 se manejaban previsiones de inversión superiores a los 60.000 millones de euros para la próxima década. Estas cantidades corresponden a anuncios y expectativas de inversión, no a importes íntegramente ejecutados.
La llegada de estas empresas puede generar empleo, actividad económica y recaudación fiscal. No obstante, una inversión anunciada no equivale automáticamente a riqueza distribuida entre la población. Para conocer su beneficio real hay que analizar el empleo estable creado, los ingresos públicos obtenidos, las ayudas concedidas y el coste de las infraestructuras necesarias.
Electricidad: una demanda que puede transformar el sistema energético
El consumo eléctrico constituye uno de los principales retos de estas instalaciones. Los servidores funcionan continuamente y necesitan refrigeración y sistemas auxiliares. Además, el crecimiento de la inteligencia artificial puede aumentar sus necesidades energéticas.
Según el informe del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA), la producción eléctrica autonómica alcanzó aproximadamente 22,2 TWh en 2023, con una participación renovable del 81,6 %.
Por su parte, las estimaciones de la Fundación Basilio Paraíso recogidas en 2025 sitúan la demanda potencial de los centros de datos previstos en Aragón entre 21,3 y 27,9 TWh anuales cuando se materialice el conjunto de los proyectos contemplados.
Esta horquilla es una estimación prospectiva, no el consumo actual del sector ni una garantía de que todos los proyectos lleguen a ejecutarse. Su magnitud, sin embargo, evidencia la importancia de planificar la generación y las redes eléctricas necesarias.
¿Puede afectar a la factura de la luz?
La instalación de centros de datos no implica automáticamente una subida de la factura doméstica. El riesgo aparece si las nuevas necesidades de generación y transporte eléctrico provocan costes que terminan repercutiéndose injustificadamente sobre el conjunto de los consumidores.
Por ello, es fundamental conocer quién financia las ampliaciones de las redes, cómo se garantiza el suministro para hogares y empresas y qué compromisos energéticos asumen las grandes compañías. Contratar electricidad renovable tampoco significa que toda la demanda esté cubierta físicamente por energía renovable en cada hora.
Agua: un recurso que debe protegerse
Los servidores generan calor y necesitan sistemas de refrigeración. Dependiendo de su diseño, estas instalaciones pueden consumir cantidades muy diferentes de agua.
Las estimaciones de la Fundación Basilio Paraíso recogidas por el CESA sitúan el consumo anual potencial de los centros de datos previstos en Aragón entre 4,3 y 14,1 hectómetros cúbicos (hm³). Un hectómetro cúbico equivale a un millón de metros cúbicos.
Según el informe, estos escenarios representarían entre el 8 % y el 26,5 % del consumo doméstico de agua utilizado como referencia en la comparación estadística. No se trata de consumos actuales constatados, sino de escenarios potenciales para el conjunto de los proyectos.
Las diferencias entre tecnologías pueden ser importantes. El informe recoge, por ejemplo, una previsión de aproximadamente 755.700 m³ anuales para la expansión de la región de AWS con refrigeración evaporativa, frente a unos 4.782 m³ para el proyecto Rhodes, en Calatorao, que contempla refrigeración en seco con circuito cerrado.
En un territorio donde la disponibilidad de agua puede verse condicionada por las sequías y las necesidades de los hogares y la agricultura, es imprescindible conocer el consumo previsto de cada instalación, su procedencia y las autorizaciones correspondientes.
La utilización de agua regenerada cuando sea viable, las tecnologías eficientes y los planes de contingencia ante la escasez deben formar parte de las garantías exigidas. También es necesario publicar el consumo real, porque mejorar la eficiencia no siempre significa reducir el consumo total cuando la actividad crece.
Inversión, empleo y retorno social
Los centros de datos pueden generar actividad durante su construcción y demandar profesionales especializados durante su funcionamiento. También pueden favorecer la contratación de proveedores y aumentar determinados ingresos fiscales.
Sin embargo, es necesario distinguir entre empleo temporal y estable, así como entre inversión anunciada y ejecutada. La automatización y el elevado coste del equipamiento tecnológico hacen que el volumen de inversión no se traduzca necesariamente en una cantidad equivalente de empleo local.
Para valorar el retorno social deben publicarse datos sobre los puestos de trabajo creados, los ingresos fiscales efectivos, las ayudas y bonificaciones concedidas y los costes de las infraestructuras eléctricas, hidráulicas y viarias. También deben evaluarse los posibles efectos locales sobre el suelo, el ruido, el tráfico y el entorno.
¿Qué deben exigir las personas consumidoras?
Desde AICAR-ADICAE defendemos que la expansión de los centros de datos se acompañe de garantías concretas:
- Transparencia: publicación periódica del consumo real de electricidad y agua de cada instalación.
- Responsabilidad económica: identificación de quién paga las nuevas infraestructuras y prevención de costes injustificados para los hogares.
- Protección del agua: evaluación de la disponibilidad hídrica, tecnologías eficientes y planes ante situaciones de sequía.
- Control de las ayudas públicas: información accesible sobre incentivos, bonificaciones y beneficios efectivos para el territorio.
- Participación ciudadana: información pública comprensible y oportunidades reales para que vecinos y organizaciones sociales intervengan.
- Retorno social verificable: seguimiento del empleo estable, la contratación local y los ingresos públicos generados.
Una transición digital al servicio de la ciudadanía
Aragón tiene la oportunidad de participar en una transformación tecnológica de alcance internacional. El reto consiste en aprovechar sus oportunidades sin comprometer injustificadamente los recursos comunes ni trasladar sus costes a la población.
La nube puede parecer invisible, pero sus consecuencias son muy reales. Las personas consumidoras tienen derecho a conocer el impacto de estas instalaciones, participar en las decisiones que les afectan y exigir que las grandes empresas contribuyan de manera justa al territorio en el que operan.
Adrián Juste
Delegado de Protección de datos
