Por un consumo crítico, responsable y solidario
La crisis que viven hoy los consumidores no se explica solo por la inflación. Detrás están también las guerras, los conflictos internacionales, la incertidumbre geopolítica y una economía mundial cada vez más expuesta a decisiones bruscas de grandes potencias. Aunque en febrero de 2026 el IPC en España se situó en el 2,3% y en la eurozona en el 1,9%, la presión sobre muchas familias sigue siendo muy real, porque los salarios, el ahorro y la capacidad de llegar a fin de mes no se recuperan al mismo ritmo que los índices.
Las guerras y los conflictos afectan de forma directa al bolsillo. Cuando se tensionan zonas estratégicas para la energía y el transporte mundial, suben los costes y se reabre el riesgo de una nueva espiral de precios. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con el petróleo ante el temor a nuevas disrupciones en Oriente Medio, con problemas añadidos en rutas clave como el estrecho de Ormuz y el mar Rojo. Y cuando sube el petróleo, no solo sube el combustible: también se encarecen el transporte, la logística, la producción y, en cadena, buena parte de los bienes de consumo diario.
No hablamos solo de gasolina. La energía cara termina entrando en la cesta de la compra. Ya hay alertas sobre el impacto del conflicto en fertilizantes, piensos y alimentos, y varios grandes distribuidores europeos han advertido de que una prolongación de la guerra puede traducirse en nuevas subidas de precios y en un deterioro del consumo. Es decir, lo que empieza como una crisis internacional acaba pagándose en el supermercado, en la factura del hogar y en la pérdida de poder adquisitivo de millones de consumidores.
A esto se suma otra amenaza: los aranceles usados como arma política y como instrumento de presión. La política comercial a golpe de amenaza, recargo o represalia no es una cuestión lejana, reservada a expertos. Los cambios frecuentes en materia arancelaria elevan costes, alteran cadenas de suministro y frenan la planificación económica. En Estados Unidos, la nueva “import surcharge” fijada en el 10% y la amenaza de elevarla al 15% sobre productos europeos son un ejemplo claro de esa inestabilidad. Aunque el impacto sobre la inflación europea no siempre es automático, el BCE sí advierte de que los aranceles exteriores debilitan el crecimiento y golpean a los sectores más expuestos. Al final, esos bandazos comerciales se traducen en menos actividad, más incertidumbre y más presión para consumidores y pequeñas empresas.
Por eso los gobiernos no pueden limitarse a esperar. Tienen que actuar para proteger a la mayoría social. Hace falta control y vigilancia real en los mercados básicos, freno a la especulación, apoyo al consumo de cercanía y medidas que refuercen la producción local y reduzcan la dependencia de cadenas globales frágiles. También hay que empujar un modelo de consumo con menos residuos, más reparación, más reutilización y menos despilfarro. Esa es la base de un consumo verdaderamente crítico, responsable y solidario, centrado en la protección real de las familias y en la justicia social.
La energía merece un capítulo aparte. Si queremos proteger a los consumidores frente a crisis externas, España y Europa necesitan avanzar de verdad en independencia energética. Biogás, fotovoltaica, eólica, solar y autoconsumo no son solo una apuesta ambiental: son una herramienta para reducir vulnerabilidad, estabilizar costes y evitar que cualquier conflicto internacional o cualquier chantaje geopolítico vuelva a disparar los recibos. España ya cuenta con hojas de ruta públicas para impulsar el biogás y el autoconsumo, pero hace falta que esa transición llegue al consumidor, a los barrios y a las comunidades energéticas, y no se quede solo en grandes operadores.
Y hay una tarea de fondo que no puede seguir aplazándose: la educación financiera desde edades tempranas. Enseñar a los jóvenes a hacer un presupuesto, distinguir necesidad de impulso, entender el crédito y planificar el gasto es una forma muy concreta de prevenir sobreendeudamiento, fraudes y consumo irreflexivo. En enero de 2026 se reforzó en España el compromiso institucional con la educación financiera en el ámbito educativo. Es un paso importante, porque un consumidor formado decide mejor y resiste mejor las crisis.
En definitiva, no es aceptable que las guerras, el precio del petróleo, la especulación con materias primas o los caprichos de líderes políticos los acaben pagando siempre las familias. Frente a esa deriva, hace falta más protección pública, más control democrático y más ciudadanía consciente. Ese es el camino que defendemos: consumidores críticos, responsables y solidarios.
José Enrique Escolano
Colaborador de AICAR ADICAE Diplomatura en Ciencias Empresariales
