La nueva Ley 1/2025 y los avances en sostenibilidad colocan a consumidores, empresas y administraciones ante un reto clave para el futuro del planeta
Cada año, en España se desperdician más de 1,3 millones de toneladas de alimentos. Este derroche, que en 2024 representó una pérdida económica estimada en 250 millones de euros, no solo supone un problema ético y social, sino también ambiental: las emisiones de CO₂ generadas por estos alimentos no consumidos representan una grave amenaza para los ecosistemas. En términos más gráficos, estamos hablando del equivalente a tirar a la basura 170 millones de huevos o 60 millones de botes de salsa de tomate.
Ante esta realidad, el Gobierno ha aprobado la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, una norma pionera que busca transformar el modo en que se produce, distribuye y consume la comida en nuestro país.
Una ley con múltiples frentes
La Ley 1/2025 actúa sobre todos los eslabones de la cadena alimentaria: desde el campo hasta la mesa. Uno de sus pilares fundamentales es el establecimiento de planes de prevención obligatorios para las empresas alimentarias, de distribución y hostelería. Estas deberán adoptar medidas activas para evitar la generación de excedentes y, cuando estos ocurran, priorizar su donación segura antes que la eliminación o transformación en residuos.
Además, se impone una jerarquía clara: prevención, donación para consumo humano, alimentación animal, usos industriales (como compostaje) y, solo como último recurso, la eliminación. Este enfoque promueve no solo una eficiencia económica, sino también una mayor solidaridad, canalizando excedentes hacia entidades sociales.
Entre las obligaciones más visibles para el consumidor destaca la de ofrecer envases gratuitos para llevar comida no consumida en restaurantes, una medida que refuerza el derecho del cliente a evitar el desperdicio sin que ello suponga un coste adicional.
¿Por qué se cobra el envase en pedidos a domicilio?
Este punto ha generado cierta confusión entre los consumidores, ya que cuando se realiza un pedido para llevar a domicilio, el envase sí se cobra. La explicación es sencilla: se trata de dos normativas diferentes. En los pedidos para llevar, la legislación de comercio permite cobrar el envase como parte del servicio logístico, mientras que, en el caso de las sobras no consumidas en el restaurante, la Ley 1/2025 obliga a que dicho envase no tenga coste adicional para el cliente.
Esta diferencia se basa en que, en el primer caso, el envase es parte del producto comprado (contemplado dentro del modelo de venta para llevar), mientras que en el segundo, se busca evitar el desperdicio de alimentos ya servidos en mesa, por lo que se considera una medida de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.
Proyectos europeos con impacto en Aragón
Más allá de la legislación nacional, Aragón está desempeñando un papel destacado a nivel europeo en la lucha contra el desperdicio alimentario. Un ejemplo de ello es el proyecto SISTERS, coordinado por el centro tecnológico aragonés Aitiip, en el que se están desarrollando soluciones dirigidas especialmente al consumidor final.
SISTERS trabaja en varios frentes: uno de los más relevantes es el desarrollo de envases inteligentes que ayudan a prolongar la vida útil de los productos y proporcionan información clara sobre el estado real de los alimentos. También se está avanzando en un etiquetado más comprensible, que diferencia con claridad la fecha de caducidad de la de consumo preferente, evitando así que los productos se desechen antes de tiempo.
Además, el proyecto promueve aplicaciones tecnológicas que permiten al consumidor planificar mejor sus compras, controlar el estado de sus productos y recibir alertas que fomenten un consumo más responsable.
Estas iniciativas buscan no solo facilitar la toma de decisiones sostenibles, sino también empoderar a los consumidores para que exijan a las empresas un mayor compromiso ambiental y social.
La dimensión social y cultural del desperdicio
En un país donde existen bolsas de pobreza alimentaria, el desperdicio representa una verdadera quiebra moral. La nueva ley también reconoce el derecho a la alimentación como un derecho humano básico y promueve que los excedentes se canalicen hacia entidades sociales con todas las garantías de seguridad, higiene y trazabilidad.
El reto no es solo técnico o legal: requiere un cambio de mentalidad. Una transformación cultural que nos haga repensar nuestro modo de consumir, cocinar, comprar y desechar.
Compromisos para 2030
La Ley 1/2025 se alinea con los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que marcan como metas:
- Reducir en un 50 % el desperdicio per cápita en hogares y comercios minoristas.
- Disminuir en un 20 % las pérdidas en la cadena de suministro para 2030.
Para alcanzar estos objetivos, será clave la implicación de administraciones públicas, que deberán desarrollar planes autonómicos, campañas de sensibilización y programas educativos.
La lucha contra el desperdicio alimentario no es solo una cuestión de leyes, sino un compromiso ético, económico y ambiental. Estamos dando pasos firmes hacia un sistema alimentario más justo, eficiente y sostenible.
Desde AICAR, animamos a todos los consumidores a informarse, exigir buenas prácticas y adoptar hábitos de consumo responsables. Porque cada gesto cuenta. Y porque un planeta más justo también empieza en nuestra nevera.
Irene Sasot
Dietista
