El efectivo en Aragón: una cuestión de derechos, accesibilidad y protección a las personas consumidoras

El uso del dinero en efectivo continúa siendo un elemento central en la vida cotidiana de la ciudadanía aragonesa, a pesar del avance constante de los medios de pago digitales. La acelerada digitalización de la sociedad, impulsada especialmente en los últimos años, ha modificado los hábitos de consumo, pero no ha eliminado la necesidad del efectivo, especialmente entre las personas mayores y en los entornos rurales de Aragón. En este contexto, la labor de AICAR-ADICAE resulta esencial para la defensa de los derechos de las personas consumidoras y para garantizar una transición justa e inclusiva hacia nuevos sistemas de pago.

Según el estudio del Banco de España sobre los hábitos en el uso del efectivo correspondiente a 2025, el 57 % de los consumidores sigue utilizando el efectivo como medio de pago principal en los establecimientos físicos, y el 55 % de la población lo emplea a diario en este tipo de compras, aunque se observa un descenso respecto al año anterior. La tarjeta bancaria ocupa el segundo lugar, siendo utilizada por el 27 % de la ciudadanía, mientras que Bizum gana terreno principalmente en los pagos entre particulares, sin llegar a desbancar al efectivo como opción predominante.

El análisis por franjas de edad refleja con claridad la existencia de una brecha generacional. El efectivo se mantiene como el medio de pago preferente entre las personas mayores de 55 años, que lo asocian a la costumbre, la comodidad y un mayor control del gasto diario. Por el contrario, en las transacciones entre particulares, los menores de 45 años optan mayoritariamente por Bizum, cuyo uso crece de forma exponencial, mientras que los mayores de esa edad continúan recurriendo al dinero en metálico.

En Aragón, esta realidad se ve reforzada por factores estructurales como la despoblación rural y la falta de servicios bancarios en numerosos municipios. Aunque el Banco de España no prevé cambios drásticos en los patrones de uso del efectivo a corto plazo, cada vez son menos las personas que mantienen efectivo suficiente para cubrir gastos diarios o imprevistos. Aun así, la Comunidad Autónoma se muestra reacia a abandonar completamente el dinero en metálico, especialmente en las zonas más envejecidas y rurales.

El cajero automático sigue siendo la principal vía de obtención de efectivo, pero el estudio revela que las personas de entre 70 y 80 años prefieren claramente la atención en ventanilla de su oficina bancaria. Esta preferencia responde a la necesidad de un trato personal y a la dificultad para manejar herramientas digitales. El cierre de sucursales obliga a muchas personas mayores a desplazarse a otros municipios, lo que supone una barrera adicional y un riesgo de exclusión financiera.

Ante esta situación, AICAR-ADICAE desempeña un papel fundamental asesorando a las personas consumidoras, informándolas de sus derechos y acompañándolas frente a prácticas abusivas o situaciones de indefensión. La asociación insiste en la importancia de ampliar y reforzar la atención presencial en ventanilla, especialmente para los usuarios de mayor edad, como una medida imprescindible para garantizar la igualdad de acceso a los servicios financieros.

Otro aspecto relevante es el conocimiento de los derechos de pago. Desde la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en 2022, los comercios no pueden negarse a aceptar pagos en efectivo, salvo que el importe supere los 1.000 euros, o los 10.000 euros en el caso de personas no residentes. Sin embargo, muchos consumidores desconocen esta normativa. AICAR-ADICAE trabaja activamente para informar a la ciudadanía y defender sus derechos cuando se producen incumplimientos.

En relación con Bizum, el documento recuerda que este sistema tiene un importe máximo por operación de 1.000 euros, un mínimo de 0,50 euros, un límite aproximado de 60 operaciones recibidas al mes y topes que suelen situarse en torno a los 2.000 euros diarios o 5.000 euros mensuales, dependiendo de la entidad. El incumplimiento de estas normas puede acarrear sanciones que van desde 100 hasta más de 100.000 euros, una cuestión sobre la que AICAR-ADICAE alerta y asesora de forma constante.

En definitiva, aunque la digitalización avanza y los medios electrónicos ganan protagonismo, el efectivo sigue siendo esencial para una parte importante de la población aragonesa. Garantizar su aceptación, mejorar el acceso y reforzar la atención presencial son cuestiones de derechos. En esta tarea, la labor de AICAR-ADICAE resulta imprescindible para proteger a las personas consumidoras, especialmente a las más vulnerables, y asegurar que la modernización de los sistemas de pago no deje a nadie atrás.

Samanta Romanos Tirado

Abogada colaboradora de AICAR

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